Se estima que en el país cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, pero 500.000 están formalmente registradas. Más de un millón de empleadas domésticas no accederán a la regularización.
El Gobierno nacional a través del “blanqueo laboral” tiene el objetivo de formalizar a los trabajadores no registrados en el país. Sin embargo, dejó fuera a más de un millón de empleadas domésticas. Según denuncias de abogados esta exclusión afectará a uno de los grupos más vulnerables de la economía informal.
El Decreto 847/2024, que permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, no contempla a las empleadas domésticas en su esquema de blanqueo.
El grupo representa más de 70% de los trabajadores en negro, de los cuales el 97% son mujeres. Si bien las expectativas generadas por la Ley 26.844 de 2013, que regula el empleo doméstico y busca proteger los derechos laborales de este sector, la falta de inclusión en el blanqueo actual deja a millones sin la posibilidad de formalización.
Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), criticó duramente la decisión del Gobierno. «El decreto incorpora una exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad».
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