medios públicos

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) advirtió formalmente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que su llamado a licitación para concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y las radios públicas porteñas “colisiona” con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que prohíbe la delegación de la explotación de licencias audiovisuales. El interventor Juan Martín Ozores señaló que, de persistir el proceso, el organismo se verá obligado a iniciar un sumario sancionatorio que podría derivar en la caducidad de la licencia.

La Ciudad fundamentó el llamado en la Ley 2095 de Compras y Contrataciones porteña, pero el régimen audiovisual está alcanzado por una ley nacional de orden público que establece la jurisdicción federal. Los trabajadores de los medios públicos presentaron una demanda judicial con una medida cautelar para frenar la concesión, mientras que la oposición legislativa porteña criticó la iniciativa como una “privatización encubierta”. El cronograma oficial establecía la apertura de ofertas para el 20 de abril, pero hasta el momento el gobierno de Jorge Macri no respondió públicamente a la observación del Enacom ni informó si prevé modificar o suspender la licitación.

El conflicto expone una tensión de fondo entre el gobierno nacional y el porteño por el alcance de la autonomía de la Ciudad. Mientras el Enacom sostiene que la normativa federal prevalece sobre cualquier ordenanza local en materia de comunicaciones, fuentes del gobierno de Jorge Macri defendieron que el objeto de la licitación no es la cesión de la licencia sino la tercerización de servicios operativos, una figura que consideran permitida por la normativa de compras públicas. La disputa podría terminar judicializada en las próximas semanas, una vez que el juzgado interviniente se expida sobre la medida cautelar presentada por los trabajadores.