El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) solicitó medidas cautelares ante la justicia laboral por los despidos registrados en Granja Tres Arroyos, en un intento por frenar la pérdida masiva de puestos de trabajo en la empresa avícola que atraviesa una profunda crisis financiera. La resolución judicial, que vence el 25 de septiembre y podría extenderse hasta el 2 de octubre, busca mantener a los trabajadores en sus puestos mientras se negocia una solución definitiva al conflicto.
La medida cautelar fue presentada ante el Ministerio de Trabajo provincial, que dictó conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de 50 trabajadores despedidos en la planta de Pilar. El sindicato argumentó que los despidos masivos violan los derechos laborales de los empleados y que la empresa debe garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo mientras se resuelve su situación financiera mediante el concurso de acreedores.
Los representantes del STIA destacaron que los 1.200 trabajadores de las tres plantas de Granja Tres Arroyos, incluyendo los 300 de la planta de Pilar, merecen una solución que proteja sus empleos y garantice el cobro de los salarios adeudados. El sindicato advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, podría recurrir a medidas de fuerza más contundentes para presionar a la empresa y al gobierno provincial a encontrar una salida al conflicto.
La resolución judicial que vence el 25 de septiembre representa una fecha clave en el desarrollo del conflicto, ya que definirá si los trabajadores despedidos son reincorporados o si la empresa puede continuar con su plan de reestructuración laboral. Mientras tanto, los empleados de Granja Tres Arroyos permanecen a la expectativa, esperando una definición que determine el futuro de sus fuentes laborales en un contexto económico adverso.

